Roser Gari es una activista madrileña que vive en Berlín y ha acompañado como observadora a muchos activistas que están sufriendo represión política por apoyar la causa palestina con su grupo Palestine on Trial y han publicado varios informes al respecto. Hablamos con ella para que explique lo que está ocurriendo con las personas solidarias con Palestina en Alemania. Desde octubre de 2023 puede haber unos 11.000 juicios relacionados con el movimiento pro-palestino, estima.
Autora: Carmela Negrete
¿Qué has podido observar en los juicios contra activistas pro-Palestina en Berlín?
El Estado represivo alemán está funcionando exactamente como quería. Tenemos varias conclusiones. Una parte fundamental de esta represión tiene como objetivo que la gente deje de ir a las calles y deje de organizarse. Las personas que pasan por procesos judiciales se quedan sin recursos económicos, porque los juicios son caros y los abogados también.
Muchas de estas personas sufren niveles de estrés muy fuertes: problemas de sueño, depresión, ansiedad generalizada y, como consecuencia, abandonan la militancia porque están completamente agotadas. A muchas personas a las que la policía ha pegado de forma excesiva, la propia policía las acusa de lo contrario: de haber agredido a los agentes. Eso significa que se enfrentan incluso a penas de cárcel. Son personas profundamente traumatizadas.
Esta misma semana estuve en un juicio de una persona acusada de haber pegado a un policía a la que dejaron inconsciente. No permitieron que las ambulancias la atendieran. Y aun así, le llegó una acusación por agredir a la policía, con posible pena de cárcel. Imagínate cómo se siente alguien a quien han dejado inconsciente y luego recibe una carta diciendo que ha sido él quien ha pegado a la policía.
Y esto no es una excepción: es constante. La mayoría de los juicios por agresión a la policía en Alemania responden a situaciones en las que ha sido la policía la que ha agredido primero. Aun así, las personas se enfrentan a antecedentes penales. Y eso tiene consecuencias gravísimas: problemas con visados, retrasos o retiradas de permisos de residencia, pérdida de becas, dificultades laborales.
¿Por qué tipo de cargos se está procesando a activistas que se manifiestan ejerciendo, en teoría, su derecho a la protesta?
Hablamos de multas económicas altas. Agredir a un policía puede costar 3.600 euros, más los gastos judiciales y el abogado, que pueden llegar fácilmente a 2.000 euros. Desde octubre de 2023 puede haber unos 11.000 juicios relacionados con el movimiento pro-palestino. El Estado está intentando rebajar las cifras públicamente, pero la magnitud es enorme. La policía entra a detener a alguien por un eslogan, por un símbolo prohibido o simplemente porque es una persona conocida. Entra una decena de agentes, pegando a todo el mundo alrededor y llevándose a la persona por la fuerza. Está grabado y se puede ver.
Si protestas porque te empujan, te pueden acusar de insultar a la policía. Si no te apartas lo suficientemente rápido, es “resistencia a la autoridad”. Si te tocan y tú reaccionas mínimamente, es “agresión a la policía”. “Resistir a la autoridad” es todo: no oír una orden, no caminar al ritmo que quieren, cubrirte la cara mientras te pegan. Asistí a un juicio de un estudiante al que tiraron al suelo y le dieron patadas. En el vídeo se ve claramente que se cubre la cara para protegerse, y eso fue interpretado como resistencia a la autoridad. Salió culpable y tuvo que pagar unos 4.000 euros.
También hay juicios por eslóganes y símbolos. El principal es “From the river to the sea, Palestine will be free”, después de que el Ministerio del Interior declarase ese slogan como símbolo de Hamás en noviembre de 2023. Decirlo se considera apología del terrorismo. Se usa incluso para disolver manifestaciones enteras.
Este caso llegó a segunda instancia y se perdió en un juicio completamente amañado, con una jueza que ya había declarado su postura y un “experto” abiertamente racista. También hubo juicios por consignas como “los sionistas son fascistas”, por los triángulos rojos, por sandías, por kufiyas, por puños. Incluso detuvieron a una persona LGTBI por un triángulo rosa, y luego tuvieron que pedir disculpas. Las propias universidades, como la Humboldt o la Freie Universität, han denunciado a sus estudiantes. Algunos tienen prohibida la entrada a su propia universidad.
Dentro de toda esta estructura represiva, ¿cuál es el papel de las observadoras como tú?
Primero, la solidaridad. Muchas personas van solas a los juicios y sentarse frente a los policías que te han pegado es durísimo. Intentamos estar ahí, acompañar, llevar comida, ponernos físicamente entre la policía y las personas acusadas. Segundo, somos muy conscientes de que cuando ponen a una persona en el banquillo, nos están poniendo a todas. No es un juicio individual: es un juicio político contra todo el movimiento. Y tercero, documentamos. En Alemania no hay transcripciones públicas completas. Muchas barbaridades racistas, falsas o violentas no quedan registradas. Nosotras transcribimos, archivamos y guardamos pruebas de lo que ocurre. Tener esas transcripciones es clave para recurrir y para la memoria colectiva.
Nosotros somos los testigos que dejamos constancia de lo que ocurre. Los policías mienten muy mal y hemos presenciado casos en los que el juez les pregunta tras declarar si quieren decirlo de otra manera, porque su colega no ha declarado eso. Les repite exactamente lo que ha dicho el compañero para que puedan corregirse, ya que, si un testigo, mientras está declarando, se retracta o cambia su versión, no se le puede imponer una multa. Es una forma de decir: “¿Seguro que quieres afirmar que ocurrió así? Porque tu colega no lo ha explicado de ese modo”. Si se retracta, ya no se le puede sancionar por haber mentido en juicio. La mayoría de los que propinan las palizas más brutales, justo después de hacerlo, se cogen una baja médica por depresión. Están dos o tres meses de baja médica y luego vuelven haciéndose las víctimas.
¿Quiénes están siendo más perseguidos?
Personas racializadas, migrantes, musulmanas, personas LGTBIQ+ y activistas con trayectoria previa. La mayoría de quienes salen a la calle no son alemanes blancos. A personas con doble nacionalidad se les amenaza con retirársela. Hay un racismo y una islamofobia muy fuertes, incluso en sectores de la izquierda. La violencia policial genera mucha menos empatía social cuando la víctima es racializada. Por ejemplo, a un palestino que ya tenía la nacionalidad alemana se la han retirado porque en la última década, según ellos, habría compartido contenido antisemita.
¿Cómo enmarcas esta represión dentro del giro autoritario y militarista alemán, y qué mensaje mandarías al activismo en el Estado español?
Están usando al movimiento pro-palestino como laboratorio. Igual que Palestina es el laboratorio de Israel, el movimiento pro-palestino es el laboratorio de Alemania. Están probando hasta dónde pueden llegar. Tenemos cooperación directa con Israel, rearme policial, nuevas leyes que permiten entrar en casas sin orden judicial y espiar teléfonos y ordenadores. El mensaje es claro: hoy somos nosotros, mañana sois vosotros. Están construyendo la idea de que el enemigo está dentro, que somos terroristas, y con eso justifican más represión. Por eso es fundamental mirar lo que pasa aquí. Ya hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta. Hay gente en prisión preventiva durante meses sin cargos. Esto no es una excepción: es el futuro que están ensayando.
(Publicado en Diario Red : Roser Gari: «Hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta» )
Rafael Poch de Feliu 