(Publicado el 2 de abril de 2017)
Hace dos años y medio que el caso de los 20 atentados con bomba de Luxemburgo está aparcado. Treinta años después de los hechos, el defensor de dos policías sigue apuntando a la OTAN y denunciando el obstruccionismo de la ley del silencio.
Podría ser un guión del entrañable Henning Mankell, sino fuera porque la novela negra del Bommeleeër luxemburgués supera toda ficción. Son las 4 de la madrugada del 9 de noviembre de 1985. A Eugène Beffort, empleado de la empresa Dupont de Nemours, le llama la atención un coche estacionado con los faros encendidos entre la niebla junto al límite del aeropuerto Findel de Luxemburgo. Beffort se acerca al coche, distingue en su interior cables y componentes eléctricos, pero lo que más le sorprende es la identidad del ocupante del coche: es el Príncipe Jean de Nassau, hermano del Gran Duque. Poco después de aquel encuentro, el radar del aeropuerto saltaba por los aires.
Entre el 23 de enero de 1984 y el 25 de marzo de 1986, en Luxemburgo se cometieron 20 atentados con bomba sin víctimas y siete robos de explosivos y material electrónico para detonarlos. Algo nunca visto en este pequeño país, paraíso fiscal y oasis europeo en paz social y violencia política. Bombas sin motivo aparente ni reivindicación; contra postes de telecomunicaciones, el radar del aeropuerto, la piscina olímpica de Kirchberg el barrio de las instituciones europeas, con motivo de una cumbre europea, en los despachos de jueces y sedes policiales, en una planta de gas, contra el palacio de justicia… Atentados profesionalmente realizados, desvergonzados por su audacia. Aquella inusitada ola duró dos años y tres meses. Y dio lugar a un proceso sin precedentes, el proceso del siglo, el proceso Bommeleeër, literalmente “colocador de bombas”.
La plana mayor de la seguridad luxemburguesa y las primeras autoridades, primeros ministros, presidentes y hasta el mencionado hermanísimo Príncipe Jean de Nassau, han desfilado durante años ante los tribunales en el mayor proceso de la historia judicial del país. Hay ocho imputados, todos ellos miembros de la Brigada Móvil de la Gendarmería (BMG), un grupo compuesto por militares de élite, o mandos de ese y otros cuerpos de seguridad. Por encima de ellos se adivinan unas órdenes vinculadas al “stay behind” de la OTAN férreamente blindadas, pese a que los jueces han hecho su trabajo. Pues bien, este “juicio del siglo”, del que apenas se ha hablado en los medios de comunicación -lo que forma parte del blindaje- lleva suspendido desde julio de 2014.
El enfado del letrado Vogel
El letrado luxemburgués Gaston Vogel, de 79 años de edad, no es lo que se dice, “un abogado socialmente comprometido”. Es el abogado más conocido del Gran Ducado. Vogel es el defensor de dos gendarmes acusados de participar en la colocación de las bombas de este extraordinario caso. Me recibe en su casa, en medio de una decoración que revela su interés por las culturas orientales. En junio de 2014, tras 177 audiencias, el juicio fue suspendido a la espera de que el juez de instrucción preparara las denuncias contra otros seis oficiales de la gendarmería. Desde entonces se está a la espera. Todos los plazos razonables se han superado y Vogel no oculta su enfado.
“Estamos ante un dossier absolutamente lamentable que viola sistemáticamente el artículo 6 de la convención europea de derechos del hombre, que prevé que los procesos deben hacerse en plazos razonables: en este caso lo razonable se ha superado en mil veces”, dice. Mi siguiente pregunta (¿Cómo se explica esto?) desata un torrente:
“Nadie está interesado en conocer la verdad. Para mi la verdad es que fueron atentados cometidos en la lógica de la guerra fría de la época por fuerzas oscuras de la OTAN, que es la cosa que más detesto del mundo, porque es gente deshonesta y sin ley, que en 1983/1984 actuaba por todas partes, en Italia, en Bélgica y otros lugares”.
Para Vogel defender que aquellos atentados fueron una iniciativa de la propia policía para que se aumentara su presupuesto, como pretende el fiscal, es “una espantosa estupidez”, “una tesis idiota”: “para aumentar el presupuesto bastan dos o tres atentados, no veinte. La policía ya lo tenía todo cuando se produjo el último y más grave atentado, contra el aeropuerto”. “Supongamos que fueron iniciativa de los policías, en ese caso haría falta una organización, una decisión, pero nunca se ha investigado más arriba. ¿Quién les dijo a los policías que hicieran eso? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué nunca se investigó al ejército? Son los militares los que entienden de bombas y explosivos, no los policías. Estoy indignado: ¡este proceso dura desde 1989, han pasado treinta años y no hay nada! Los belgas están en la misma situación con las matanzas de Bravante. No avanzan para encontrar a los asesinos: ¿cómo van a avanzar?, ¡es la omertá! (en italiano “ley del silencio”).
El veterano abogado confirma el “excelente” trabajo realizado por el tribunal a lo largo de las 177 audiencias. “Mi queja es contra quienes enviaron el proceso al tribunal criminal, contra la cámara del consejo (judicial): éste no es un caso criminal de derecho común, es un proceso político en el que hay otros intereses cubiertos por la omertá. Lo que a mi me interesa es el gobierno de la época. No hicieron nada, no han dicho nada. ¿Por qué? Porque estaban bajo la férula de la OTAN, tenían que callarse, ¡eh aquí por qué! El propio juez de instrucción lo dijo en la audiencia: “es un asunto de estado que no debe ser desvelado”. Se llama Klein, escríbalo, ya está retirado, es un caso que me agobia y agota mucho”, dice Vogel tomando aire.
En el juicio, el Príncipe Jean de Nassau declaró que aquel día estaba cazando en Francia con Henri Giscard D´Estaing, hijo del ex presidente de Francia y turbio hombre de negocios. Los autores concretos de las bombas eran miembros de la Brigada Móvil de la Gendarmería (BMG). Ese cuerpo de élite formado por militares, respondía de la vigilancia de la residencia de verano de la familia ducal, la Tour Sarrazine sita en Cabasson (Costa Azul). “El Príncipe Jean conocía bien a los miembros de la BMG y tenía cierta familiaridad con ellos”, explica una fuente conocedora del sumario. El papel del Príncipe en los atentados pudo haberse limitado al de actuar como “póliza de seguros”: si algún guardia se acercaba al lugar donde se preparaba un atentado mientras se colocaban los explosivos, su reacción ante tal personaje despejaba toda sospecha y solo podía cuadrarse respetuosamente, explica.
Cuatro meses antes del atentado del aeropuerto, el 5 de julio de 1985, un turista belga estaba acampado con su rulote en las cercanías de otro escenario de atentado con bomba. Vio a dos hombres de más de 1,80 de altura y un extraño trajín de tipos hablando con talkies-walkies. Una huida precipitada y luego una explosión. El turista identificó a uno de los policías de la BMG, el otro no cuadraba. Había visto a un hombre de cabello rizado y el único que quedaba de 1,80 de altura en el grupo era calvo. La investigación encontró la peluca rizada entre los accesorios de la BMG.
Pruebas desaparecidas
“Luxemburgo es un país pequeño, pero su posición entre Francia y Alemania y su aeropuerto le daban importancia en los planes de la guerra fría”, explica otra fuente conocedora de los detalles del dossier Bommeleeër. “La Otan se había quejado de que el radar no era suficientemente moderno, sobre eso hay documentos”, dice.
De esta increíble historia se conoce a los pequeños presuntos autores, los ocho inculpados, pero lo más interesante es saber quién movía los hilos en el nivel superior, por encima de los ejecutores.
“El contacto entre unos y otros, era Charles Bourg, segundo jefe de la policía luxemburguesa. Bourg y su hermano, un radical de extrema derecha vinculado al jefe del ejército, eran el contacto con el “stay behind”. El suboficial de la BMG, Jos Steil, era a su vez el enlace entre Bourg y los que ponían las bombas”, explica la primera fuente. Antes de morir Steil le dijo a su mujer: “se quienes eran los que pusieron las bombas”. “Solo un insider podía saber, por ejemplo, donde se encontraba el domicilio del juez de instrucción donde pusieron una bomba el 16 de febrero de 1986…”
El caso Bommeleeër dejó una enorme cantidad de piezas y pruebas de convicción. Muchas han desaparecido. Fue el propio jefe de seguridad de Luxemburgo durante los atentados, Armand Schockweiler, quien robó del archivo judicial 80 pruebas en 1996; baterías, huellas, muestras, documentos… Schockweiler, como Bourg, es uno de los imputados en este proceso extrañamente interrumpido. “El gobierno no podía no saber”, señala la segunda fuente.
Le explico al letrado Vogel lo que me dijo, hace cuatro años, el ex secretario de Estado alemán de Defensa Andreas von Bülow (véase La Vanguardia del 5 de mayo de 2013) sobre el “juicio del siglo” de Luxemburgo, que este experto en servicios secretos (25 años en la comisión de servicios secretos del Bundestag) seguía con gran atención: “me temo que en el juicio de Luxemburgo todo se conduzca hacia un banco de arena para que el asunto quede encallado”. Es lo que suele suceder, decía von Bülow, “cuando los servicios secretos están implicados en operaciones ilegales: se intenta convencer a los tribunales, sobre todo a los fiscales, de que no se metan”. Vogel escucha la cita con mal humor. “Este es el proceso más largo y más importante de la historia de Luxemburgo, verdaderamente excepcional”, dice. Quizá se reabra el año que viene. O quizá no.
Lo que se sabe del “Stay behind”
El plan militar soviético en Europa en caso de tercera guerra mundial era claro y conocido: plantar en 36 horas sus divisiones blindadas en el Pas de Calais. En 1990, en una rara visita periodística a la división acorazada Taman estacionada en la aldea de Kalininets, en los alrededores de Moscú, hasta su comandante, General Valeri Marchenkov, no ocultaba aquel guión de Blitzkrieg escrito en la posguerra: arrollador avance hacia el oeste de las divisiones blindadas estacionadas en Alemania del Este, Polonia y Europa central y ocupación del grueso de la Europa occidental.
La OTAN, cuyos efectivos convencionales eran en Europa numéricamente inferiores a los del Pacto de Varsovia, también asumía aquel escenario inicial del adversario. Desde los años setenta preveía una respuesta nuclear táctica fundamentalmente en Alemania, el Air-Land battle, pero desde mucho antes se desarrolló otro recurso, el llamado “stay behind”: una red secreta de guerrilla organizada para el sabotaje, con sus células, cuadros y depósitos de armas, presta a ser activada en una Europa occidental ocupada por los soviéticos en cuanto se declarase la guerra.
La historia del “stay behind”, una estructura clandestina dentro de la OTAN, ha sido reconocida hasta por el gobierno alemán, que dice haber disuelto la suya, compuesta por un centenar de hombres, al concluir la guerra fría en 1991. En los años sesenta, setenta y ochenta aquella red fue utilizada políticamente, surtiéndose de elementos de la extrema derecha europea pilotados por los servicios secretos americanos con la colaboración de sus homólogos europeos En el marco de la llamada “estrategia de la tensión”, sus propósitos eran diversos: crear o infiltrar grupos armados de extrema izquierda diseñados para desacreditar movimientos sociales, realización de atentados para desestabilizar gobiernos y propiciar reacciones, presiones preventivas ante cambios considerados amenazantes…
Fue en Italia donde se llegó más lejos en el conocimiento de la red local del “stay behind”, conocida como Gladio. Reconocida por el primer ministro Giulio Andreotti en agosto de 1990, la investigación del Senado italiano sobre la red concluyó, en junio de 2000, que, “aquellas masacres, bombas y acciones militares (491 muertos y 1181 heridos en 18 años), fueron organizadas, o promovidas o apoyadas, por hombres dentro de las instituciones del Estado italiano y, como se ha descubierto más recientemente, por hombres vinculados a las estructuras de la inteligencia de Estados Unidos”.
En Bélgica se relaciona al “stay behind” con la insólita e inexplicada ola de atentados registrada en el país entre 1983 y 1985 conocida como las masacres de Brabante (28 muertos y 40 heridos). Los atentados fueron parcialmente atribuidos a un grupo fantasma, las Células Comunistas Combatientes (CCC), compuesto por activistas de extrema derecha. Sus armas y explosivos procedían del robo efectuado en una acción clandestina de entrenamiento de las fuerzas especiales norteamericanas en la localidad belga de Vielsalm, el 13 de mayo de 1984, en la que un gendarme belga resultó gravemente herido. El proceso por estos hechos lleva años empantanado en Bélgica.
Un activista de extrema derecha y ex mercenario belga en Katanga (ex Congo belga) llamado Dislaire, confesó haber sido contratado por los americanos para transportar al comando en la acción de Vielsalm. Dislaire dijo que también colaboró en la comisión de atentados en Luxemburgo. Ese es un cabo, entre otros, que vincula la trama del “stay behind” con la serie de Luxemburgo.
