A diferencia de la represión contra los disconformes en Rusia, la del gobierno ucraniano no llega a los medios de comunicación occidentales
Autor: Maxim Goldarb
Ucrania fue considerada durante mucho tiempo el país más libre del espacio postsoviético. Hasta hace diez años, partidos políticos y organizaciones públicas de todos los colores y una variedad de medios de comunicación actuaban libremente en nuestro Estado y adversarios políticos, periodistas y activistas podían criticar abiertamente y sin temor a las autoridades. Cualquier intento de evitar la crítica a las actividades de las autoridades se convertía en causa de un gran escándalo, por lo que se producían pocos de esos intentos.
Pero todo cambió espectacularmente desde [las manifestaciones y disturbios de] el Euromaidán de 2014. El régimen oligárquico de extrema derecha que asumió el poder con una ideología nacionalista comenzó a perseguir a sus oponentes utilizando métodos terroristas.
El ejemplo más trágico no ya de persecución sino de asesinatos por parte del régimen gobernante de Kiev contra oponentes ideológicos se produjo en Odessa el 2 de mayo de 2014, cuando militantes nacionalistas con la plena connivencia y asistencia de las autoridades impidieron las actividades antifascistas que tenían lugar en la Casa de los Sindicatos prendiendo fuego al edificio, lo que provocó que muchas personas se arrojaran por las ventanas para huir de las llamas y acabaran su vida al impactar contra el suelo. Más de 40 personas murieron entonces, entre ellas Vadim Papura, miembro del Komsomol (el sindicato de jóvenes comunistas) así como Andrei Brazhevsky, miembro de la organización de izquierdas Borotbá.
Nadie fue nunca castigado por este crimen, aunque quienes participaron en el atentado quedaron registrados en muchas fotografías y videos. Por si eso fuera poco, uno de los organizadores de la masacre se convirtió posteriormente en portavoz del Parlamento Ucraniano y otro entró en dicho parlamento en las listas del partido del antiguo presidente Poroshenko.
Igual ha ocurrido con los asesinos de varios políticos y periodistas bien conocidos de la oposición muertos desde 2014: la exdiputada del Partido Socialista de Ucrania Valentina Semenyuk-Samsonenko, (asesinato disfrazado de suicidio, 27 de agosto de 2014); el exdiputado, organizador de acciones opositoras Oleg Kalashnikov (asesinado el 15 de abril de 2015); el popular escritor y publicista antifascista Oles Buzina (asesinado el 16 de abril de 2015) y muchos otros. Del mismo modo, las actividades del mayor partido de izquierdas del país en aquel momento, el Partido Comunista de Ucrania fueron prohibidas.
Además, políticos, periodistas y activistas de mentalidad opositora, muchos de ellos de izquierdas, han sido golpeados, arrestados y encarcelados en los últimos años en base a falsos cargos de “alta traición” y otras acusaciones manifiestamente políticas. Esto fue así, en concreto, con los periodistas Vasily Muravitsky, Dmitry Vasilets, Pavel Volkov, y el activista proderechos humanos Ruslan Kotsaba, entre otros. Resulta característico que una vez en los tribunales, y a pesar de la presión de las autoridades, estas acusaciones por lo general se desmoronan y resultas ser completamente insostenibles.
La situación política se ha ido agravando año tras año, especialmente desde que Vladimir Zelensky se convirtió en el presidente de Ucrania. La razón formal para la completa eliminación de los restos de las libertades civiles y el inicio de una represión política abierta fue el conflicto militar que comenzó en Ucrania en febrero de 2022.
Todos los partidos de la oposición en Ucrania, la mayoría de izquierdas, entre los que se encuentra la Unión de Fuerzas de Izquierda (por un Nuevo Socialismo) bajo mi dirección, fueron prohibidos en base a acusaciones inventadas y falsas de ser “prorrusos”.
Al mismo tiempo, el único miembro del parlamento ucraniano que fue abiertamente a trabajar en las autoridades creadas por Rusia en el territorio de Ucrania, Oleksiy Kovalyov, representaba al partido del presidente Zelensky, Servidor del Pueblo. Además, durante toda la guerra, el partido gobernante se ha visto sacudido por sonados escándalos de corrupción que socavan la autoridad de los representantes públicos a los ojos del pueblo y destruyen los restos de autoridad de Ucrania a los ojos de la comunidad mundial (los casos del Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko, el Ministro de Defensa Oleksiy Reznikov y su adjunto Vyacheslav Shapovalov, el Viceministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras Vasily Lozinsky, Presidente del Consejo de Naftogaz Ukrainy Andriy Kobolev, Jefe de la Administración Militar Regional de Dnepropetrovsk Valentyn Reznichenko y otros). A pesar de que esta «actividad» del partido gobernante sea una amenaza directa para la seguridad y la existencia del país, por alguna razón aún no ha sido prohibida por las autoridades.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo a diversos líderes de opinión y periodistas que antes de la guerra hicieron comentarios en los medios de comunicación y criticaron al gobierno. Todos ellos fueron acusados de fomentar una postura prorrusa, alta traición, espionaje, propaganda, etc.
Una larga lista de detenciones, desapariciones y muertes
En febrero-marzo de 2022 conocidos blogueros y periodistas fueron detenidos acusados de alta traición e ingresados en centros de detención preventiva (SIZO), como Dmitry Dzhangirov (de ideología izquierdista, colaboró con nuestro partido), Yan Taksyur (de ideología izquierdista), Dmitry Marunich, Mikhail Pogrebinsky Hace nueve años: “Impedir una destructiva guerra civil” – Rafael Poch de Feliu , Yuri Tkachev, etc. El motivo de su detención no fue en absoluto el de traición, sino el temor de las autoridades a su posición pública, que no coincidía con la oficial.
En marzo de 2022 el historiador Alexander Karevin, conocido por su ciudadanía activa, desapareció sin dejar rastro después de que agentes del SBU visitaran su casa. Karevin había criticado duramente en repetidas ocasiones la actuación de las autoridades ucranianas en el ámbito de las humanidades, la política lingüística y la política de memoria histórica.
En febrero de 2023 Dmitry Skvortsov, publicista y bloguero ortodoxo, fue detenido en un monasterio cercano a Kiev e ingresado en un centro de detención preventiva.
En marzo de 2022, en Kiev, la abogada y activista de derechos humanos conocida por su posición antifascista, Olena Berezhnaya, fue enviada a un centro de detención preventiva bajo sospecha de traición (en virtud del Artículo 111 del Código Penal). Esta activista había hablado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2021 sobre la ilegalidad de lo que estaba aconteciendo en Ucrania.
El 3 de marzo de 2022 los hermanos Alexander y Mikhail Kononovichi, activistas antifascistas, fueron detenidos en Kiev acusados de violar el Artículo 109 del Código Penal de Ucrania («acciones dirigidas a cambiar por la fuerza el orden constitucional o tomar el poder del Estado»). Se les ingresó en un centro de detención preventiva hasta finales de 2022 donde fueron golpeados y torturados, y se les negó la asistencia médica oportuna.
En mayo de 2022, en Dnipró, el SBU detuvo a Mikhail Tsarev, hermano del excandidato presidencial Oleg Tsarev, acusado de «desestabilizar la situación sociopolítica en la región». En diciembre de 2022 fue condenado por terrorismo a 5 años de prisión.
El 7 de marzo de 2022 seis activistas de la organización opositora Patriotas por la Vida desaparecieron sin dejar rastro en Severodonetsk y en mayo uno de los líderes del grupo Azov, Maxim Zhorin, publicó en Internet una foto de sus cadáveres, afirmando que «habían sido ejecutados», y que su asesinato estaba relacionado con su cargo y había sido llevado a cabo por estructuras paramilitares.
El 12 de enero de 2023 Sergei Titov, residente en Belaya Tserkov, una persona discapacitada medio ciega con una enfermedad mental, fue arrestado e ingresado en un centro de detención preventiva por «saboteador». El 2 de marzo se informó de que había muerto en dicho centro.
Desde noviembre de 2022 Dmitry Shymko, de Khmelnytsky, está en los calabozos por sus convicciones políticas.
Cientos de personas perseguidas por distribuir contenido político en Internet
Las autoridades han tomado bajo un férreo control el espacio informativo de Ucrania, incluido Internet. Cualquier publicación personal de los ciudadanos sobre errores en el frente, sobre la corrupción de las autoridades y los militares o sobre las mentiras de los funcionarios se declara delito. Estas personas, así como los blogueros y los administradores de los canales de Telegram, son objeto de acoso por parte de la policía y el Servicio de Seguridad.
Según el SBU, en la primavera de este año fueron bloqueados 26 canales de Telegram en los que la gente se informaba mutuamente sobre las convocatorias de movilización. Se realizaron registros a seis administradores públicos considerados sospechosos. De ese modo se bloquearon páginas que funcionaban en las regiones de Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Vinnitsa, Chernivtsi, Kiev, Lviv y Odessa, a las que estaban suscritos más de 400.000 usuarios. Los administradores de dichas páginas se enfrentan a diez años de cárcel.
En marzo de 2022 se introdujo en el Código Penal de Ucrania el artículo 436-2 sobre la «Justificación, reconocimiento como lícita, negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania, glorificación de sus participantes», que en realidad va dirigido contra cualquier ciudadano de Ucrania que opine algo diferente de la postura política oficial.
Esta norma está formulada de tal manera que, en esencia, prevé castigar el «delito de pensamiento»: palabras, frases pronunciadas no sólo en público, sino también en una conversación privada, escritas en un canal privado o en un mensaje SMS enviado por teléfono. De hecho, estamos hablando de una invasión de la vida privada de los ciudadanos, de sus pensamientos. Esto se ha visto confirmado por la aplicación de la ley: a fecha de marzo de 2023, hay 380 condenas en el registro de resoluciones judiciales por simples conversaciones en la calle y “likes” en Internet, incluyendo penas reales de prisión.
Así, en junio de 2022, en Dnipró, un residente de Mariupol que en marzo de 2022 afirmó que los bombardeos contra la población civil y las infraestructuras civiles de Mariupol habían sido llevados a cabo por militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue condenado a 5 años de prisión. Otra sentencia, basada en una conversación telefónica en marzo de 2023, fue dictada contra un residente de Odessa, condenado a dos años de libertad condicional por conversaciones «antipatrióticas y antiestatales» a través de un teléfono móvil.
Una residente del pueblo de Maly Bobrik en la región de Sumy, que en abril de 2022, estando en su patio en presencia de tres personas, aprobó las acciones de las autoridades rusas en relación con Ucrania y que luego no admitió su culpabilidad, fue condenada en virtud del Artículo 436-2 del Código Penal en junio de 2022 a una pena real de seis meses de prisión.
Al menos 25 ucranianos han sido condenados por «actividades antiucranianas» en las redes sociales. Según la investigación, estos residentes en Ucrania distribuían símbolos «Z», banderas rusas en sus páginas y calificaban la invasión de «liberación».
También se impusieron condenas no a quienes distribuyeron tales publicaciones, sino que sólo les «gustaron» (expresaron su aprobación en las redes sociales) -al menos los textos de dos sentencias dicen que los llamados «me gusta» tenían el objetivo de «llevar la idea a un amplio abanico de personas cambiando las fronteras del territorio de Ucrania» y «justificar la agresión armada de la Federación Rusa». La justificación por parte de los investigadores fue que las páginas personales tienen acceso abierto, y las publicaciones con «me gusta» pueden ser vistas por muchas personas.
Así, en mayo de 2022, en Uman, una pensionista fue condenada a dos años de prisión con un período de prueba de un año por el hecho de que «debido al rechazo a las actuales autoridades ucranianas […] puso los llamados «me gusta» en la red de Internet Odnoklassniki a una serie de publicaciones que justifican la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania».
En Kremenchug en mayo de 2022, de acuerdo con el Artículo 436-2 del Código Penal de Ucrania, fue condenado un ciudadano de Ucrania, que bajo un apodo habló en Odnoklassniki sobre los nazis en Ucrania y el desarrollo de armas biológicas financiadas por el Pentágono.
La represión empleada por el actual gobierno para luchar contra quienes discrepan ha convertido a Ucrania en el estado más carente de libertad de Europa, en un Estado en el que cualquier persona que se atreva a oponerse a las autoridades, a la oligarquía, al nacionalismo y al neonazismo arriesga la libertad y, a menudo, la vida.
Solicitamos toda la difusión posible de esta información, ya que en la situación actual solo una amplia publicidad internacional de los hechos presentados en este artículo puede ayudar a salvar a miles de personas cuya libertad y vida están ahora amenazadas en Ucrania.
(Maxim Goldarb es el Presidente de la Unión de Fuerzas de Izquierda. Traducido y publicado en Rebelión 11/05/2023)
Rafael Poch de Feliu 