Autor: György Varga (*)
El 8 de octubre, el Parlamento de la UE adoptó una resolución sobre Georgia. Sus autores en Bruselas consideraron que el gobierno georgiano en funciones ponía en peligro la democracia. No dejaron ninguna duda sobre a quién querían apoyar en las elecciones del 26 de octubre. El 21 de octubre, los ministros de Asuntos Exteriores de 13 (¡no 27!) países de la UE adoptaron una declaración conjunta en la que criticaban la política del partido en el poder.
El 28, los ministros de Exteriores de 13 países de la UE también reaccionaron a la derrota de sus partidos políticos preferidos, cada uno de los cuales obtuvo entre el ocho y el diez por ciento de los votos. Criticaron el hecho de que las elecciones «no se desarrollaron de acuerdo con las normas europeas». Al hacerlo, ignoraron el informe de los observadores de la OSCE, según el cual las elecciones fueron libres.
La lista de 13 ministros de Asuntos Exteriores de la UE mencionada anteriormente coincide en gran parte con la de los países que han absolutizado la guerra en Ucrania y son más favorables a las sanciones contra Rusia. ¿Pueden considerarse estos mensajes una injerencia en las elecciones, una incitación contra el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno? La respuesta es un rotundo sí.
Rafael Poch de Feliu 