rafaelpoch

(Publicado el 05/04/2010)

Que a usted el nombre de Fritz Bauer (1903-1968) no le diga nada es comprensible. Más curioso es que este jurista socialdemócrata de origen judío siga siendo casi un desconocido en Alemania, donde su figura ha tenido que ser rescatada, con ciertas dificultades, por una biografía editada el año pasado y una película que se estrenó en el último festival de cine de Berlín.

Ninguna calle alemana lleva el nombre de Fritz Bauer, ninguna plaza recuerda el lugar donde nació, vivió o murió. Nunca fue condecorado. Pero, quizá, lo peor sea el desconocimiento de su figura entre los estudiantes de derecho, un aviso de que el regreso a la historia es un ejercicio que cada generación debe practicar para no perder la memoria. En la Alemania de hoy, la memoria del periodo de posguerra en la zona de ocupación aliada y la posterior RFA, vende mucho menos que la memoria de la dictadura germano oriental, constantemente recordada y evocada hasta en su más mínimo detalle policial.

Jurista y socialdemócrata
Resistente antinazi, ex preso, exiliado en Dinamarca y luego en Suecia, donde editó la revista “Sozialistische Tribüne” con Willy Brandt, Fritz Bauer fue un jurista suabo nacido en Stuttgart, que fue detenido por la Gestapo en 1933 por ser miembro del SPD y expulsado de la judicatura por su origen judío. En 1949 regresó a la judicatura dispuesto a participar en la reconstrucción, física y moral, del país. Bauer entra en la historia alemana por tres motivos.

El primero de ellos es por haber sido iniciador del “Proceso Remer” de marzo de 1952, contra el General nazi Otto Ernst Remer, por difamación y calumnia contra los conspiradores de la “Operación Valkiria” que intentaron matar a Hitler el 20 de julio de 1944. Remer los tachaba de “traidores a la patria” y el gobierno federal parecía estar de acuerdo con ello, pues negaba la pensión de viudedad a la esposa de Claus von Stauffenberg, el principal conspirador. Remer fue condenado a tres meses, que eludió huyendo a España, donde murió en Marbella en 1997 tras un largo historial de negacionismo del Holocausto. Pero la resistencia fue rehabilitada. Desde entonces ya no se pudo tachar de “traidores” a sus protagonistas.

El segundo, es por el caso Adolf Eichmann. Fritz Bauer recibió en 1957 una carta de un antiguo compañero de campo de concentración residente en Buenos Aires revelándole que el jefe del departamento responsable de la deportación y aniquilación de los judíos, vivía en Buenos Aires. Su hija, explicaba el amigo, había conocido a un hijo de Eichmann, que vivía con otro apellido, y le habían chocado los fuertes juicios antisemitas del chico. El paradero de Eichmann, que había escapado de Alemania ayudado por el Vaticano, era conocido por los servicios secretos alemanes y norteamericanos. Bauer sabía que poner el caso en manos de la justicia alemana significaba perderlo, porque los jueces alemanes advertirían a Eichmann, y éste desaparecería. Así que se lo comunicó directamente al Mosad, que secuestró felizmente a Eichmann en Buenos Aires en 1960 (no había tratado de extradición entre ambos países), y se lo llevó a Israel, donde fue debidamente juzgado y ejecutado.

El tercer y principal motivo por el que Bauer entra en la historia es en su calidad de promotor, en 1958, de los Procesos de Auschwitz: seis juicios celebrados entre 1963 y 1968, contra 27 matarifes responsables directos del campo de exterminio, oficiales de las SS y la Gestapo. Aquello fue una proeza.

No hubo desnazificación
En Alemania Occidental, en términos generales, no hubo desnazificación. Los juicios aliados en Alemania contra los nazis fueron poca cosa y el nuevo Estado alemán los protegió y amnistió. El tribunal interaliado de Nuremberg que se proponía llevar a juicio a cinco mil personas, no juzgó más que a 210. En diversos juicios, norteamericanos, británicos y franceses condenaron a 5000 personas, de las que apenas 700 lo fueron a la pena capital. Más del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados.

“No sólo no hubo desnazificación, sino que hubo una renazificación, no en el sentido de que los ex nazis estuvieran otra vez en su puesto para construir un nuevo Auschwitz, sino en el de que ayudaron a levantar esta Alemania conservadora, democrática y capitalista”, me explicó el Catedrático Ossip K. Flechtheim, en los años ochenta.

Flechtheim, un compañero de Bauer, también de origen judío, que fue fiscal en varios de los procesos de Nuremberg y falleció en 1998, no conocía, “ni un solo caso” de juristas de la administración nazi que fuese juzgado y castigado ante los tribunales. Incluso la mayor parte de los veinticinco miembros de la comisión de asesores del Consejo Constituyente (Parlamentarisches Rat) que redactó la constitución alemana de 1949, habían estado en activo durante el nazismo.

Los intentos de la administración aliada de ocupación por depurar la justicia, la administración pública y la policía chocaron con enormes dificultades. Se intentaba evitar un modelo de policía, alejado de las tradiciones absolutistas que desembocaron en la Gestapo. En julio de 1945 los aliados emitieron unas directrices en materia de depuración de funcionarios y de limitación del nefasto poder legislativo que la tradición prusiana ponía en manos de la policía, prohibiendo los decretos policiales y potenciando una organización descentralizada, de tipo anglosajón, y desmilitarizada de la futura policía. El mismo año, el Cuartel General aliado consideraba que, “con los vigentes criterios de desnazificación, el 75% de los funcionario rasos y el 90% de los oficiales de la policía no serían aptos para el servicio”. Hans Christoph Seebohm, que tres años después sería Ministro de Transportes con el Canciller Konrad Adenauer, expresaba en 1946 la mentalidad imperante al exigir públicamente “respeto” a la cruz gamada, símbolo por el que habían muerto, “tantos soldados alemanes”.

A medida que los aliados transferían competencias a la administración alemana, los propósitos democratizadores chocaban con una acción obstruccionista y restauradora. Los aliados descubrieron, por ejemplo, que en la primera mitad de 1948 sólo ocho de los diez mil registros domiciliarios practicados por la policía en once ciudades con administración alemana de Württemberg-Baden (un Land del suroeste así llamado desde 1945 hasta 1952, que no coincide del todo con los límites del actual Baden-Württemberg), contaban con el correspondiente permiso judicial. El Ministro del Interior responsable, el socialdemócrata Fritz Ulrich, consideraba esta práctica, “una vieja y buena tradición”. Ese tipo de irregularidades era generalizado en todo el país, y un documento oficial norteamericano de la época consideraba la “necesidad de fortalecer la resistencia civil de los alemanes contra las prácticas contrarias a la ley”, explica el sociólogo e historiador Falco Werkentin.

Cuando en febrero de 1951 se creó una “Guardia Federal de Protección de Fronteras”, que en realidad era una tropa militarizada dirigida a la intervención interior, el Bundesgrenzschutz, se constató que el 62% de sus oficiales eran ex militares de la Wehrmacht y sólo el 7% ex funcionarios de policías. Otro 31% lo componían ex policías que habían sido transferidos a la Wehrmacht durante el nazismo. Los manuales de instrucción anti-insurgente de ese cuerpo tomaban como inspiración las experiencias en ese sentido del periodo 1918-1943, incluida la represión de la “lucha contra el bandidaje” durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se refería al combate contra la resistencia, y operaciones como el aplastamiento de la insurrección de Varsovia y otras masacres del frente ruso.

Purga anticomunista
A medida en que se fue entrando en una dinámica de guerra fría, los aliados fueron abandonando escrúpulos y perspectivas reformadoras en beneficio de un frente anticomunista
que valoraba más la seguridad y firmeza anticomunista de un ex nazi que el peligro potencial que éste pudiera representar para un orden democrático. Es así como en lugar de desnazificación, la administración alemana procedió a una limpieza de comunistas. En enero de 1948, una investigación realizada en Baviera contabilizó un 2,9% de miembros del Partido Comunista Alemán (KPD) y un 5,2% de simpatizantes en la policía municipal. En la policía regional las cifras eran 0,26% y 0,9%, respectivamente. El mismo año, el Ministro del Interior socialdemócrata de Renania del Norte-Westfalia informó que el 56% de los altos funcionarios de su policía procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS.

La campaña contra los comunistas se mantuvo pese a que la influencia comunista iba descendiendo claramente en Alemania Occidental. A partir de 1953, el KPD ya nunca superó el 5% de los votos en las elecciones, pero los comunistas y sus simpatizantes siguieron siendo objeto preferente de la policía y la justicia, con cerca de 100.000 sumarios, fiscales y policiales, abiertos entre 1951 y 1961.

La judicatura ofrecía un panorama similar; en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Württemberg-Baden, el 50%. “En Hesse”, me explicó Flechtheim, “los norteamericanos nombraron a un conocido mío para que buscara jueces sin antecedentes nazis. Consiguió reunir a una cuarentena, a los que situó en los puestos más altos. Luego, la administración de justicia pasó a manos alemanas y después de un año, de aquellos cuarenta sólo dos permanecían en su puesto: los demás habían sido relegados a puestos de poca monta, en el registro de propiedad y similares”.

En 1949, las directrices de la Alta Comisión Aliada insisten todavía, en un tono que ya parece de desesperación, en que, “la organización de la policía no se centralice de tal forma que suponga una amenaza a la forma democrática de gobierno”. Pronto se vería que ese propósito, así como en general el de reformar la burocracia de Estado de la Alemania ocupada, fracasó, en parte debido a las dificultades de una política desbordada por las urgencias y prioridades de la reconstrucción de un país que estaba literalmente en ruinas, en parte por las resistencias del objeto de esa reforma, y en parte también por la consideración, expresada en una publicación del Departamento de Estado norteamericano de 1947, de que una enérgica desnazificación habría tenido, “consecuencias revolucionarias para la vida política y económica del país”.

Francotirador y humanista
Los procesos de Francfort que Bauer inició, fueron una pequeña excepción en ese contexto restaurador. Condenar a algunos de aquellos 27 monstruos, aunque fuera a penas leves por prescripción, tuvo una gran importancia. Para hacerse una idea del ambiente, en los procesos los acusados fueron saludados militarmente por algunos de los policías cuando pasaban delante de ellos en la misma sala de la Audiencia de Francfort, y Bauer, que era el fiscal, recibió amenazas e insultos durante aquellos juicios.

En el contexto de la Alemania de Adenauer, Bauer era un democratizador genuino, un hombre que no estaba interesado en la venganza sino en la justicia y el arrepentimiento era un adversario de la pena de muerte- y que creía fervientemente en la redención de Alemania, asunto en el que cifraba todas sus esperanzas en la juventud. El movimiento de 1968, que en Alemania fue más profundo que en Francia y derribó culturalmente gran parte de aquella herencia, le dio la razón en lo que tuvo de ajuste de cuentas generacional con los nazis y la cultura que había hecho posible el nazismo. Bauer fue un precursor.

En 1962 su ensayo, “Sobre las raíces de la acción nazi” debía ser distribuido en las escuelas de Renania-Westfalia, pero el Ministro de Cultura del Land, Eduard Orth, lo prohibió. Emplazado para una discusión pública con Bauer, Orth declinó acudir, pero envió en su lugar a una joven promesa de su partido. Se llamaba Helmuth Kohl y en el debate con Bauer, el joven Kohl defendió la idea de que aun era “demasiado pronto para hacer un juicio moral sobre el nazismo”.

Una muerte oscura
El jurista distinguía tres sujetos en el origen del nazismo; “primero, los nazis que propugnaban ideas y actitudes nazis, una minoría importante. Segundo, la gente autoritaria y cruel educada en el militarismo prusiano y en la tradición de Lutero. Tercero, la gran masa de obedientes, conformistas y oportunistas”, decía. Unos y otros, coincidían en que el humanismo, la compasión y la solidaridad, son síntomas de flojera e ingenuidad mental, una idea que ahora la nueva derecha hace suya con el concepto “buenismo”, explica Ilona Ziok, la directora que le ha dedicado a Bauer un largo documental. Con ese discurso y actitud, Bauer fundó, en 1961, la “Humanistische Unión”, la organización de derechos humanos más influyente de la moderna Alemania cuyo objetivo era, “la liberación de las ataduras de la obediencia automática al Estado”, que llevaron a Alemania a tan funestos resultados.

El Fiscal de Hesse trabajaba a contracorriente. Quien marcaba la línea era Eduard Dreher, el encargado de la reforma del código penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954. Fue Dreher quien impuso la prescripción para los crímenes de “complicidad con asesinato” que liberó de toda responsabilidad a los nazis y tuvo el efecto de una amnistía. Las medidas de gracia de los años cincuenta tuvieron por resultado que a final de aquella década todos los nazis condenados por tribunales de guerra se encontrasen en libertad sin terminar condena. Nada más lógico si se recuerda el pasado de Dreher, que en 1943 había sido fiscal especial en Innsbruck, encargado de revisar sentencias a cadena perpetua para convertirlas en pena capital, lo que envió a centenares de “delincuentes políticos” a la muerte. Bauer, al contrario, fue el reformador del derecho penal y de la legislación penitenciaria alemana y el luchador por una valoración apropiada del Holocausto. “Por todo eso fue visto como adversario y enemigo”, afirma Ziok, que dice haber encontrado “muchas dificultades” para financiar su película, dos veces rechazada por el Ministerio de Cultura.

Fritz Bauer murió a finales de junio de 1968. Encontraron su cuerpo en la bañera de su casa, en lo que se dijo pudo ser suicidio o accidente. Que un hombre tan tenaz y voluntarioso cometiera suicidio, es poco creíble. “Mucha gente cree que fue asesinado, pocos creen que fue suicidio o accidente”, dice Ziok. No hubo autopsia. “Toda la documentación sobre su muerte desapareció en el incendio de un archivo jurídico de Francfort”, explica la directora.

Gracias, sobre todo, a las presiones de abajo del movimiento de 1968, Alemania emprendió un considerable examen de conciencia sobre su pasado nazi, que hoy continúa. La ventaja de Alemania respecto a Japón, país que aun hoy honra como patriotas a sus criminales de guerra, es enorme y manifiesta. Al mismo tiempo, Alemania y Japón tienen en común el haber prácticamente anulado la gran ventaja moral que extrajeron de su condición de derrotados en la Segunda Guerra Mundial, al legalizar hoy la utilización de sus fuerzas armadas fuera de sus fronteras, que sus respectivas constituciones complicaban.

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Autor: rafaelpoch

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